Decisión que anula concesiones por más de 6,400 hectáreas genera alertas sobre el impacto en la inversión y el marco legal del sector extractivo
El sector minero peruano enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre tras un fallo emitido por el Segundo Juzgado Mixto de la provincia de Chucuito, en Puno, que ordena anular siete concesiones mineras otorgadas en 2022 en el distrito de Kelluyo. La decisión responde a una demanda de amparo presentada por comunidades campesinas de origen aimara contra el Ministerio de Energía y Minas, el Ingemmet y la empresa Nueva Energía Metales S.A.C.
Las concesiones comprendían más de 6,400 hectáreas con potencial polimetálico, donde se proyectaban actividades de exploración. Sin embargo, el fallo sostiene que su otorgamiento habría vulnerado derechos fundamentales, como la consulta previa, el derecho al territorio y la autodeterminación de las comunidades.
CONSULTA PREVIA
El juzgado dispuso que el Viceministerio de Interculturalidad lleve a cabo un proceso de consulta previa, al considerar que se trata de una obligación constitucional antes de adoptar decisiones sobre territorios indígenas. Este punto ha reavivado el debate sobre el alcance de este derecho en etapas tempranas de la actividad minera.
No obstante, tanto el Minem como el Ingemmet rechazaron esta interpretación, argumentando que la concesión minera es un acto administrativo declarativo que no habilita actividades extractivas ni genera afectación directa sobre las comunidades.
SEGURIDAD JURÍDICA EN DEBATE
Desde el ámbito técnico, el Ingemmet señaló que no existe evidencia de vulneración concreta de derechos, recordando que cualquier proyecto minero requiere permisos adicionales, como certificación ambiental y acuerdos con los propietarios de los terrenos.
El Minem, por su parte, sostuvo que la consulta previa no aplica en la fase de otorgamiento de concesiones, en línea con criterios del Tribunal Constitucional, que establece su obligatoriedad solo ante afectaciones directas.
Especialistas, según informe de Rumbo Minero, advierten que este tipo de decisiones judiciales podría impactar negativamente en la confianza de los inversionistas, al introducir mayor incertidumbre en el marco regulatorio. El fallo se da en un contexto complejo, marcado por el avance de la minería informal y debates como la prórroga del REINFO hasta 2026, así como propuestas legislativas para restringir concesiones improductivas.
Analistas coinciden en que la combinación de factores judiciales, regulatorios y sociales plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad y competitividad del sector minero en el Perú.
