La estabilidad jurídica del país vuelve a colocarse en el centro del debate político y económico tras las propuestas contrapuestas de los partidos que disputan la segunda vuelta presidencial, en torno a los denominados “contratos ley”, un esquema que —según estimaciones difundidas por Diario Gestión— involucra compromisos de inversión superiores a los US$ 32 mil millones. El punto de fricción reaviva preocupaciones sobre el impacto que cualquier cambio normativo podría generar en la confianza empresarial y el flujo de capitales.
CONFIANZA INVERSIONISTA
De acuerdo con información de Gestión, los contratos ley no son contratos individuales ni concesiones específicas, sino una categoría jurídica reconocida en el artículo 62 de la Constitución, orientada a garantizar estabilidad en materias tributarias, laborales y financieras. Este marco permite que el Estado ofrezca previsibilidad a inversionistas nacionales y extranjeros, reduciendo riesgos regulatorios en proyectos de largo plazo.
El abogado José León, socio del estudio Benites, Vargas & Ugaz (BVU), explicó que estos compromisos se concretan principalmente a través de los Convenios de Estabilidad Jurídica (CEJ), administrados por Proinversión, los cuales fijan condiciones invariables durante la vigencia de la inversión. Según precisó, el objetivo central es asegurar un equilibrio entre el Estado y el inversionista para sostener la viabilidad de los proyectos.
EFECTO ECONÓMICO Y CLIMA DE INVERSIÓN
La discusión se ha intensificado luego de que algunas propuestas políticas. Mientras que Juntos Por el Perú (JP) plantea en su plan de gobierno la renegociación o eliminación, Fuerza Popular (FP) habla de respetar los contratos establecidos y, si bien no menciona el término “contrato ley”, sí hace énfasis en uno de sus puntos claves: las garantías que contemplan.
Analistas advierten que cualquier señal de inestabilidad podría ralentizar decisiones de inversión en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura, donde los montos comprometidos son particularmente elevados.
En este contexto, el mercado observa con atención el desenlace político, considerando que la definición sobre estos mecanismos será clave para determinar la competitividad del país frente a otras economías de la región.
La controversia, lejos de resolverse en el corto plazo, anticipa un escenario donde la relación entre política económica y confianza inversionista será determinante para el rumbo financiero del Perú.