Julia Torreblanca advierte riesgos para una industria que sostiene exportaciones, empleo y crecimiento económico nacional.
TODO MINERÍA
A pocos días del balotaje presidencial del 7 de junio, el debate sobre el futuro de la minería se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para el sector empresarial peruano. La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, cuestionó las propuestas planteadas por ambos candidatos presidenciales y advirtió que eventuales cambios tributarios o regulatorios podrían afectar la confianza de los inversionistas y retrasar proyectos estratégicos para el país.
En declaraciones a Reuters esta semana, Torreblanca señaló que ninguna de las iniciativas planteadas para la industria minera “funciona o es sostenible en el largo plazo”, en referencia a las propuestas económicas vinculadas a regalías, impuestos y contratos mineros.
El balotaje del próximo 7 de junio definirá al nuevo presidente del Perú en un escenario marcado por fuerte polarización política y desaceleración económica. Más de 27 millones de electores están convocados a votar, luego de una primera vuelta realizada en abril donde ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos válidos.
MINERÍA SOSTIENE EMPLEO Y ECONOMÍA
La minería representa uno de los pilares de la economía peruana. El sector genera más de 240 mil empleos directos y alrededor de un millón de puestos de trabajo indirectos, además de aportar cerca del 60% de las exportaciones nacionales.
Actualmente, el Perú mantiene una cartera de proyectos mineros superior a los US$ 64 mil millones, concentrada principalmente en cobre, oro y plata. Regiones como Arequipa, Cusco, Apurímac y Cajamarca dependen en gran medida de la inversión minera para dinamizar empleo, infraestructura y recaudación fiscal.
Sin embargo, la incertidumbre política y las señales contradictorias sobre el futuro de la industria comienzan a generar preocupación en el mercado.
PROPUESTAS ENFRENTADAS GENERAN DEBATE
Entre las propuestas en discusión, Keiko Fujimori de Fuerza Popular ha propuesto distribuir directamente el 40% de las regalías mineras a las comunidades ubicadas cerca de las operaciones, además de crear una vía rápida o “fast track” para proyectos estratégicos, junto con incentivos tributarios para la reinversión de utilidades.
Por su parte, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú en cambio, plantea en su plan de gobierno elevar impuestos y regalías, revisar los contratos de grandes compañías mineras y promover un referéndum para redactar una nueva Constitución, con el objetivo de ampliar el rol del Estado en la economía.
Para la SNMPE, ambos enfoques presentan riesgos. Torreblanca sostuvo que aumentar la carga tributaria o modificar contratos podría afectar la competitividad del Perú frente a otros destinos mineros, mientras que la redistribución directa de regalías no resolvería necesariamente los problemas de ejecución pública en las regiones.
En un contexto internacional de alta demanda de cobre y minerales críticos, especialistas coinciden en que el próximo Gobierno tendrá el desafío de garantizar estabilidad jurídica y reglas claras para evitar que el país pierda oportunidades de inversión, empleo y crecimiento económico.
