Acuerdo por US$150 millones reabre el debate sobre pasivos ambientales, responsabilidad empresarial y el futuro de la industria extractiva peruana
– TODO MINERÍA
El acuerdo alcanzado por el empresario estadounidense Ira Rennert para pagar US$150 millones a parte de los demandantes de La Oroya marca un nuevo capítulo en una disputa que ha acompañado durante casi dos décadas a uno de los principales símbolos de la industria metalúrgica peruana. La transacción, suscrita en Estados Unidos antes del inicio de un juicio contra Doe Run Resources Corp., comprende más de 1.380 reclamaciones de residentes de Junín por presuntos daños asociados a emisiones industriales. Aunque el convenio representa un avance judicial, también reabre una discusión estratégica para el Perú: cómo desarrollar minería competitiva, atraer inversiones y enfrentar los pasivos ambientales heredados.
UNA CIUDAD CONSTRUIDA ALREDEDOR DEL METAL
La historia de La Oroya está vinculada al crecimiento de la minería peruana. Desde 1922, cuando inició operaciones bajo la administración de Cerro de Pasco Corporation, el complejo metalúrgico se convirtió en uno de los principales centros de procesamiento de minerales del país.
Durante décadas recibió concentrados con contenidos de plomo, zinc, cobre y otros metales, generando empleo, actividad comercial y una amplia cadena económica alrededor de la industria pesada.
Pero el desarrollo industrial también dejó una compleja herencia ambiental. Las emisiones provenientes de los procesos metalúrgicos afectaron suelos, aire y fuentes de agua, dando origen a pasivos ambientales que hasta hoy forman parte del debate público.
Los pasivos ambientales son aquellas zonas afectadas por antiguas operaciones extractivas o industriales que requieren acciones de remediación. En La Oroya incluyen contaminación acumulada por metales pesados, residuos industriales y emisiones históricas.
Tras la nacionalización del complejo en 1974, la operación pasó a Centromin Perú y posteriormente fue privatizada en 1997, cuando fue adquirida por Doe Run Perú, vinculada al empresario Ira Rennert.
UN CONFLICTO QUE LLEGÓ A TRIBUNALES INTERNACIONALES
Las primeras demandas fueron presentadas en 2007 por residentes que denunciaron afectaciones a la salud relacionadas con la exposición a contaminantes como plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre.
El proceso avanzó en Estados Unidos debido a la estructura corporativa de Doe Run Resources Corp. La corte federal de St. Louis fue escenario de una disputa legal que enfrentó a comunidades afectadas y empresas vinculadas a la operación.
La demanda inicial involucraba a un grupo reducido de menores, pero con el paso del tiempo se amplió hasta representar a más de mil reclamantes.
El acuerdo por US$150 millones cubre aproximadamente un tercio de las reclamaciones presentadas. Las demandas restantes, que superarían las 3.000, continúan pendientes.
El abogado Jerome Schlichter, representante de los demandantes, destacó en declaraciones a la agencia AP que el acuerdo puso fin a una batalla legal prolongada y señaló que se trató de “uno de los casos transnacionales de responsabilidad por daños tóxicos más prolongados que se han litigado en tribunales estadounidenses”.
Desde la otra orilla, Doe Run sostuvo que la decisión busca cerrar una etapa que afectó a la compañía durante años. Matthew Wohl, presidente y director ejecutivo de Doe Run, en un comunicado afirmó que “aunque nos hubiera gustado que se celebrara el juicio, hemos optado por dejar esto atrás y centrarnos en lo que realmente importa: dirigir nuestro negocio, atender a nuestros clientes e invertir en nuevas tecnologías para el futuro”.
La empresa también indicó que durante su administración destinó más de US$300 millones a mejoras operativas y reducción de emisiones.
En paralelo, el Estado peruano enfrenta sus propios desafíos respecto a los pasivos históricos. En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia vinculada a La Oroya, estableciendo medidas relacionadas con remediación ambiental y atención a personas afectadas.
LA SEÑAL PARA LA MINERÍA PERUANA DEL FUTURO
El caso ocurre en un momento decisivo para la industria minera global. La transición energética ha incrementado la demanda internacional por minerales críticos como cobre y zinc, esenciales para redes eléctricas, vehículos eléctricos y nuevas tecnologías.
Sin embargo, los inversionistas ya no evalúan únicamente reservas, recursos o capacidad de producción. La estabilidad jurídica, la licencia social, el desempeño ambiental y la capacidad tecnológica son factores determinantes para decidir dónde colocar capital.
La experiencia de La Oroya muestra que los conflictos ambientales pueden tener impactos financieros, legales y reputacionales que trascienden fronteras.
El complejo cerró en 2009 debido a problemas financieros y retomó actividades en 2023 bajo una nueva administración a cargo de Metallurgical Business Peru SAA, empresa que no forma parte de las demandas actuales.
Para Junín, el desafío sigue siendo equilibrar empleo y desarrollo económico con estándares ambientales modernos. La industria metalúrgica fue durante generaciones una fuente de trabajo y dinamismo regional, pero su futuro dependerá de una operación compatible con las nuevas exigencias del mercado.
Para el Perú, uno de los principales productores mineros del mundo, la conclusión es estratégica: la competitividad futura no dependerá solo de tener grandes recursos minerales, sino de demostrar capacidad para desarrollar proyectos seguros, sostenibles y socialmente aceptados.
La Oroya queda como una advertencia y, al mismo tiempo, como una oportunidad para redefinir el modelo minero: más tecnología, mayor transparencia y una visión de largo plazo capaz de unir inversión, producción y responsabilidad ambiental.
