Manuel Gago
Los ojos de Keiko Fujimori deberán estar fijados en la principal actividad económica del país. Es hora de terminar con aquellas “narrativas” que demonizan los esfuerzos de los inversionistas y el trabajo arduo de los peruanos.
La meta es convertirnos en el primer productor mundial de cobre. Sesenta y cinco proyectos mineros, con un total de US$ 6,300 millones, harían realidad la meta trazada. La decisión política es sustantiva. Depende de las garantías legales y de las otorgadas por los organismos de defensa del Estado.
No se puede seguir permitiendo que organizaciones criminales —claramente con una agenda política de desestabilización e invasión de la propiedad privada— sigan provocando actos violentos de suma gravedad. La mina Poderosa, en Pataz, La Libertad, nuevamente fue atacada con explosivos. Dos trabajadores fueron seriamente afectados y las instalaciones mineras resultaron dañadas.
A nuestro entender, por todas las evidencias recientes y el comportamiento histórico de los violentistas, el atentado es parte de un plan de destrucción de la economía y de hegemonía de organizaciones criminales. La misma estrategia senderista de aislar a los poblados alejados, instaurando las llamadas “zonas liberadas”. Es hora de activar la norma que permite a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la protección de las actividades económicas medulares del país.
Un informe del FMI señala que un 5% de las exportaciones de cobre peruano del 2024 tienen origen ilegal. Si las exportaciones de cobre sumaron US$ 23,000 millones, los ilegales habrían obtenido US$ 1,150 millones. Pruebas al canto: en el corredor minero del sur se cuentan hasta 300 camiones transportando diariamente cobre con rumbo a las plantas concentradoras ubicadas en la costa, que se han multiplicado en los últimos años.
En 2025 se habrían extraído ilegalmente de Sulfobamba, del yacimiento concesionado a Las Bambas, 90,000 toneladas de mineral. Con tanto poder económico, los ilegales se dan el lujo de hacer elegir en la Cámara de Senadores y Diputados no a representantes de la actividad, sino a los mismos ilegales. Pronto veremos su actuar en favor del crimen organizado.
En este contexto, la reactivación y protección legal de la minería formal será parte de la tarea urgente del siguiente gobierno. “Del cuero salen las correas” es el viejo dicho que actualiza la importancia del cobre y de otros minerales.
El movimiento antiminero lo sabe y lo niega por estar conformado por personas ideologizadas y comprometidas con poderes políticos y económicos extranjeros que financian sus actividades. El caso Tía María es emblemático. Sufrió embestidas violentas. Después de mucho batallar, la construcción de la mina es un hecho y se espera el inicio de las operaciones productivas antes de finalizar el 2027.
Lo dijimos antes: el movimiento antiminero ha migrado; de la furibunda oposición pasó a la minería ilegal. Antes alegaban atentados contra el medio ambiente, el agua y los cultivos agrícolas. Hoy hacen exactamente lo contrario y de la peor manera.
Confiamos en Keiko y en el gabinete de emergencia, de transición, multipartidario o de notables, como pueda ser llamado. El Niño Costero y El Niño Global ya dan señales. La inseguridad ciudadana puede intensificarse. La izquierda extrema no se rendirá. Será implacable en el Parlamento y en las calles.
Cualquier error u omisión será magnificado para presentarla como una presidenta que no resuelve problemas. Estar alertas frente a esa oposición virulenta.