Los números obligan a mirar la minería sin prejuicios. Mientras el debate político continúa atrapado en consignas y enfrentamientos ideológicos, el último Boletín Estadístico del Ministerio de Energía y Minas muestra una realidad difícil de ignorar: en 2026, las transferencias generadas por la actividad minera superaron los S/13.095 millones, entre canon, regalías y derechos de vigencia. Nunca antes el país había alcanzado un monto semejante.
La cifra no debería servir para alimentar triunfalismos, pero tampoco puede ser ignorada por quienes pretenden bloquear el desarrollo de nuevos proyectos sin ofrecer alternativas económicas capaces de reemplazar los recursos que la minería aporta a las regiones.
El Canon Minero concentra buena parte de esta discusión. Las transferencias superaron los S/9.564 millones, un crecimiento de 36,8% frente a 2025 y un récord histórico. Se trata de recursos vinculados al 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras y que posteriormente llegan a gobiernos regionales, municipios y universidades públicas de las zonas productoras.
A ello se suman más de S/3.251 millones en regalías legales y contractuales y otros S/279 millones por Derecho de Vigencia y Penalidad. No son cifras abstractas: representan colegios, carreteras, infraestructura sanitaria, investigación, laboratorios y oportunidades que pueden materializarse si las autoridades administran correctamente estos recursos.
El debate nacional debería abandonar la falsa disyuntiva entre minería y desarrollo. El verdadero desafío consiste en garantizar una minería responsable, ambientalmente fiscalizada y socialmente articulada, pero también asegurar que la renta obtenida se convierta en bienestar concreto.
La experiencia demuestra que oponerse a los proyectos no elimina la demanda mundial de minerales. Tampoco detiene la extracción. Por el contrario, puede generar un espacio creciente para actividades informales e ilegales que operan al margen de controles ambientales, laborales y tributarios.
El caso Conga resume una discusión que el país todavía no resuelve. Más allá de las posiciones políticas, el Perú necesita preguntarse cuánto desarrollo dejó de generar cuando inversiones mineras quedaron paralizadas y qué alternativas reales se ofrecieron a las poblaciones que esperaban oportunidades.
Tampoco basta con celebrar cada récord de transferencias. El canon minero puede convertirse en una oportunidad perdida si los gobiernos subnacionales no tienen capacidad para transformar dinero en obras y servicios de calidad.
Aquí aparece una responsabilidad compartida. El Estado debe mejorar la gestión pública, acelerar inversiones y fortalecer la fiscalización. Las empresas deben mantener estándares ambientales y sociales exigentes. Y las regiones deben utilizar la renta minera para construir capacidades que permanezcan cuando los precios internacionales cambien.
Las universidades ofrecen un ejemplo concreto. Como señala en entrevista con Todo Minería Henry Polanco, vicerrector de Investigación de la UNSA, “bendito canon minero, si no tuviéramos esos recursos no se haría investigación y mejora en la infraestructura”. La frase resume el valor estratégico de estos fondos cuando se orientan al conocimiento.
El Perú tiene una oportunidad que no debería desperdiciar. La demanda internacional de cobre, oro y otros minerales seguirá colocando al país frente a un mercado estratégico para la transición energética y el crecimiento mundial.
La respuesta no puede ser ni el rechazo automático ni el extractivismo sin controles. Debe ser una minería moderna, competitiva, transparente y ambientalmente responsable, acompañada de inversión pública eficiente.
El récord de S/13.095 millones debería abrir una discusión más seria: cómo generar más inversión minera, cómo distribuir mejor sus beneficios y cómo garantizar que cada sol del canon minero cierre una brecha.
El recurso está ahí. La pregunta decisiva es si el Perú tendrá la capacidad política y técnica para
convertirlo en desarrollo.