Manuel Gago
La campaña electoral para las alcaldías y gobiernos regionales calienta. Lo que no calienta, como quisiera un importante sector de la población, son las decisiones del gobierno de Keiko Fujimori. ¿Es mucho pedir medidas transformadoras de manera inmediata? Cuestión de estilos y demasiado pronto dicen unos; no obstante, la prisa se impone. El reloj de la presidente no se detendrá y será despiadado a la hora de las evaluaciones.
En este contexto, aprovechar el anuncio de los US$40,000 millones de inversiones mineras de un total de US$64,000 millones. Es una buena señal que debe ser aprovechada al máximo. El acompañamiento gubernamental reclamado por mucho tiempo por el sector minero tendrá que dar señales concretas. La minería y la agroindustria han transformado tremendamente el interior del país; no obstante, los avances, los resultados no son suficientes. La oferta de los servicios públicos tendrá que mejorar y multiplicarse. El abandono persiste en el interior y la ausencia del Estado es la constante.
La política, tal como la conocemos, no puede continuar. El economista y decano de la facultad de Economía de la UPC, Carlos Adrianzén, ha señalado que “estamos en el límite y no existen recursos suficientes para enfrentar los problemas que se avecinan si antes no priorizamos el gasto público”. Agrega la necesidad de cerrar Petroperú, concentrar los ministerios en cinco despachos y evitar la deuda pública costosa. Tal como como Adrianzén, insistimos en el deseo de transformación que votó por la actual gestión presidencial: reducir el Estado, sus gastos y descartar lo innecesario (que no es poco), enfrentar a la criminalidad sin miramientos, promover el desarrollo económico y proveer al país servicios de calidad.
Y así como los proyectos mineros Tía María y Conga son emblemáticos, así también lo es Pataz. La minería ilegal no puede burlarse del país. Decir que la presencia del Ejército en el lugar genera abuso y violencia es una muestra de complicidad. Lo dijo Marino Lavado, diputado de Juntos por Perú. De Pataz se sabe de trabajadores secuestrados y asesinados. Bandas criminales bien organizadas aterran el lugar. Es el resultado perfecto de un plan de conmoción social que favorece a las corrientes antisistema. 12,000 viajes de camiones ilegales cargados han sido contabilizados en un año. Esto significa la poderosa capacidad económica de la ilegalidad presente en el Parlamento y, de seguro, en los gobiernos locales y regionales por elegir. Si en estos cinco años de democracia y libertades no se logra resolver esta situación, el próximo gobernante será un Pedro Castillo mejorado y aumentado. Pataz, es entonces, el punto de quiebre del éxito o el fracaso de Keiko. Obviamente, quisiéramos que le vaya bien en su gestión.
Pero, con la burocracia estatal, tal como la conocemos, no llegaremos lejos. Por está simple y crucial razón, el Ejecutivo debe concentrar sus esfuerzos en una reingeniería gubernamental al margen de los intereses subalternos que secuestra al país por décadas. Imitar los buenos ejemplos. Otro tsunami arrasando todo lo malo hallado, según los ministros del Gabinete Luis Galarreta. “Todo lo malo hallado” no es justificación para las demoras. Se supone que “todo lo malo” se sabía desde muchos antes y que había un programa de gobierno para resolverlo. Ya veremos, entonces. La paciencia de la población tiene límites debido a la situación crítica nacional. Punche y firmeza para salir airosos.
