Manuel Gago
Norma Narrow, diputada por Renovación Popular (RP), mediante proyecto de ley propone eliminar el financiamiento estatal de los partidos políticos. La iniciativa también incluye la eliminación de la franja electoral a través de los medios de comunicación. El proyecto se sustenta en la importancia de atender las urgentes necesidades sociales en lugar de las partidarias que solo favorecen a contadas personas.
Por este pernicioso financiamiento público los fondos destinados a la capacitación política de la militancia y de simpatizantes son utilizados para fines distintos. Y, asimismo, los presupuestos destinados para la franja electoral sirven para contratar publicidad con medios inexistentes para las mayorías. En términos generales, el financiamiento estatal sirve para festinar el dinero de todos los peruanos.
Tal financiamiento de los partidos se inició durante la gestión de Martín Vizcarra. Un denominado “grupo de notables”, al mando de Fernando Tuesta Soldevilla, preparó la iniciativa votada en referéndum del 9 de diciembre de 2018. Por la influencia del vizcarrismo en gran parte de los medios –en aquel entonces, subvencionados con millonarios contratos de publicidad estatal– la mayoría de electores aprobó la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en lugar del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el financiamiento de organizaciones políticas y la no reelección inmediata de congresistas. Esa mayoría desaprobó el establecimiento de la bicameralidad (cámara de senadores y diputados) del Congreso de la República. El resultado de la consulta ciudadana fue calificada por Tuesta como “una victoria aplastante que le da (al presidente Vizcarra) una altísima legitimidad y lo coloca en una posición de ventaja”.
El resultado del financiamiento público es visible: los partidos se multiplicaron. Bastaba recaudar firmas, entre falsas y verdaderas, para ser dueño del partido soñado. Bastaba un símbolo cualquiera para asegurar la subvención. Lo cierto es que los partidos políticos, por ser entidades promovidas por privados, deben sostenerse con la participación y esfuerzo de sus militantes y simpatizantes. La intromisión del Estado provocó ese crecimiento desproporcionado de organizaciones políticas que crean confusión y complican los procesos electorales. Todo esto tiene que cambiar.
La idea de sostener públicamente a los partidos para alejarlos de la influencia nociva de aportantes mafiosos y desconocidos fue un fracaso rotundo. La intromisión nefasta del financiamiento público estaba cantada. De esta manera, los dueños de los partidos hicieron de la política un negocio rentable y un estrado para las peores megalomanías. Partidos sin locales públicos, ni militantes, ni candidatos con holgada biografía personal, profesional y pública.
Se espera, entonces, consenso en favor de la iniciativa de la diputada Narrow. No obstante, sabiendo por qué pata cojea esa izquierda acostumbrada a vivir de Estado oiremos de ellos caprichosas argumentaciones. La izquierda es el principal promotor del intervencionismo estatal en todo orden de cosas.
Bueno pues, si pregonamos sobre la justicia, comencemos con el uso adecuado de los fondos públicos que tanto cuesta conseguir. No habrá justicia si existen normas destinadas a privilegiar a unos cuantos sin ninguna representatividad. No habrá justicia si la misma población, con su indiferencia, permite el mal uso de los presupuestos, población embaucada por farsantes tal como sucedió durante el referéndum del 2018. No habrá justicia mientras se inventen gastos públicos por cualquier cosa sin mayores beneficios para todos.