Maquinaria pesada, equipos de procesamiento y 2.200 metros cúbicos de material no metálico quedaron inmovilizados durante un operativo contra presuntos delitos ambientales en el sector Lomas de Yuta, distrito de Mollendo, provincia de Islay, Arequipa.
La intervención, ejecutada por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, comprende bienes valorizados en S/4.012.000, una cifra que refleja la magnitud económica de las operaciones sometidas a investigación.
Efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, junto con representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, realizaron las diligencias por la presunta comisión del delito de alteración del ambiente o paisaje.
El procedimiento permitió identificar e inmovilizar maquinaria utilizada en actividades de movimiento, transporte y procesamiento de materiales. Sin embargo, las autoridades no precisaron si las operaciones contaban con autorizaciones ni identificaron a los responsables de los equipos intervenidos.
MAQUINARIA PESADA BAJO INVESTIGACIÓN
El inventario comprende cuatro volquetes, tres excavadoras sobre orugas, una motoniveladora, un rodillo, una cisterna, un minicargador y un cargador frontal.
También fueron inmovilizados un motor estacionario y una planta equipada con cinco fajas transportadoras, infraestructura asociada al manejo y procesamiento de materiales.
La presencia de estos equipos evidencia una capacidad operativa considerable, aunque el reporte policial no establece cuánto tiempo funcionaron las instalaciones ni el volumen total de material movilizado anteriormente.
Los S/4,01 millones corresponden a la valorización conjunta de los bienes y materiales intervenidos, no a una estimación de daños ambientales o pérdidas económicas ocasionadas.
EXTRACCIÓN NO METÁLICA BAJO VIGILANCIA
La intervención coloca nuevamente bajo atención el control ambiental de las actividades vinculadas con la extracción y procesamiento de recursos no metálicos en la provincia de Islay.Estas operaciones requieren cumplir las disposiciones ambientales y sectoriales aplicables, particularmente cuando involucran remoción de suelos, modificación del relieve y utilización de maquinaria pesada.
La inmovilización constituye una medida de intervención y no determina, por sí sola, responsabilidad penal.
Corresponderá al Ministerio Público establecer las circunstancias de los hechos, verificar las autorizaciones pertinentes y determinar si existen elementos que acrediten la comisión del delito investigado.
El caso también plantea la necesidad de fortalecer la fiscalización de actividades extractivas en Arequipa, diferenciando las operaciones formalmente autorizadas de aquellas que incumplen la legislación ambiental.La continuidad de las investigaciones permitirá establecer el alcance de la intervención y las eventuales responsabilidades administrativas o penales.
(FOTOS: DIRMEAMB PNP)
