Las iniciativas del Ejecutivo y la Cámara de Diputados presentan diferencias en los plazos, la estructura institucional y los mecanismos para acceder a concesiones y obtener autorizaciones ambientales. Ambas buscan establecer nuevas condiciones para la pequeña minería y minería artesanal, aunque mantienen enfoques distintos sobre cómo desarrollar el proceso.
El futuro de la formalización minera y las condiciones para que los operadores puedan continuar sus actividades fueron parte de la ponencia “Más allá del REINFO: estrategias para la continuidad operativa”, presentada por Cristyan Valdez Merma, gerente de MVP Consultores, durante el II CONIMAPE 2026. En su exposición, comparó las propuestas legislativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, y la Cámara de Diputados.
El régimen planteado por el Ejecutivo
La iniciativa del Ministerio de Energía y Minas propone cerrar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) el 31 de diciembre de 2026 y establecer dos vías para desarrollar la actividad. La primera sería un régimen ordinario de carácter permanente, dirigido a nuevos operadores y mineros que logren formalizarse. La segunda consistiría en un régimen de consolidación temporal y excepcional para quienes permanezcan inscritos en el Reinfo.
Este último comenzaría el 1 de enero de 2027 y se extendería hasta el 30 de junio de 2028, periodo en el que los operadores tendrían que completar los requisitos pendientes. La propuesta también contempla la creación del Formape, un organismo técnico adscrito al Minem que asumiría funciones relacionadas con las acreditaciones de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, la evaluación de instrumentos ambientales y las autorizaciones de inicio o reinicio de actividades.
En materia ambiental, plantea que la certificación sea proporcional al riesgo y a las características del territorio. Además, busca incentivar los contratos de explotación entre titulares de concesiones y operadores mineros, y contempla facilitar la apertura de cuentas bancarias para pequeños mineros y artesanales.
La propuesta de la Cámara de Diputados
Por su parte, la iniciativa de la Cámara de Diputados plantea crear el Registro Nacional Unificado de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (Runamape), con un proceso de formalización permanente y sin una fecha definitiva de cierre. También incorpora la categoría de minero tradicional, que comprende a quienes realizan extracción mediante métodos rudimentarios, sin tecnología y con una producción de hasta cinco toneladas diarias.
En el aspecto institucional, propone establecer el Conamape, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y el Fondemape, destinado a financiar actividades de investigación, asistencia técnica, orientación y consultoría para los operadores.
Una de sus principales diferencias está en el acceso a concesiones de terceros. Además de promover acuerdos, contempla un procedimiento para autorizar el uso de áreas cuando no exista entendimiento con el titular de la concesión. Esta alternativa plantea cuestionamientos por sus posibles implicancias sobre el derecho de propiedad.
La propuesta también incorpora la Ficha Integral Técnica Regional (FITAR) para los mineros tradicionales y contempla la aplicación del silencio administrativo positivo. A ello se suma un programa estatal de compra de oro, cuya implementación plantea la necesidad de verificar la procedencia legal del mineral.
Coincidencias y aspectos por definir
Pese a sus diferencias, ambas iniciativas coinciden en implementar una ventanilla única digital para integrar los trámites de formalización y promover la reducción progresiva del uso de mercurio, en concordancia con el Convenio de Minamata.
Las dos propuestas también consideran facilitar la apertura de cuentas en el Banco de la Nación. Sin embargo, difieren en la forma de organizar las instituciones responsables, establecer los plazos y resolver las condiciones de acceso a las concesiones. La definición del nuevo marco normativo será determinante para los operadores que buscan continuar sus actividades. Por ello, el análisis presentado en el II CONIMAPE 2026 puso sobre la mesa no solo las alternativas legislativas, sino también la necesidad de que las unidades mineras cuenten con condiciones legales, ambientales y técnicas que respalden su continuidad.