Paolo Alzamora, expresidente del INGEMMET, advierte que la falta de un registro actualizado impide conocer la magnitud del procesamiento de minerales y dificulta la fiscalización, trazabilidad y formalización
El Perú enfrenta una preocupante deficiencia en el control de su actividad minera: el Estado no dispone de una cifra nacional consolidada y actualizada sobre las plantas de beneficio, especialmente aquellas vinculadas a la pequeña minería y minería artesanal (MAPE). Así lo advirtió Paolo Andrés Alzamora, expresidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), durante el II Congreso Internacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONIMAPE 2026), donde cuestionó la falta de coordinación institucional para identificar estas instalaciones, indispensables en el procesamiento y comercialización de minerales.
Durante su exposición, denominada “Geología para formalizar: información geocientífica al servicio de la MAPE”, el especialista sostuvo que esta situación se arrastra desde hace aproximadamente 25 años, pese a los avances tecnológicos y a la información disponible en distintas entidades públicas.
Alzamora explicó que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), INGEMMET y los gobiernos regionales manejan información que no siempre se encuentra integrada, lo que impide construir un inventario completo y confiable.
MILES DE REGISTROS Y UN CATASTRO INCOMPLETO
Una de las cifras más llamativas corresponde a los más de 3.000 registros relacionados con plantas de beneficio que, según Alzamora, figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Sin embargo, aclaró que esa cantidad no representa necesariamente instalaciones operativas, pues todavía resulta indispensable verificar su existencia, ubicación, autorizaciones y condiciones de funcionamiento.
El problema comienza con la dispersión administrativa. Los gobiernos regionales tienen competencias para formalizar determinadas plantas de procesamiento, pero sus resoluciones no siempre terminan incorporadas oportunamente al catastro nacional.
Según explicó, algunos operadores obtienen sus autorizaciones regionales y comienzan sus actividades sin completar los procedimientos necesarios para que sus instalaciones aparezcan correctamente registradas en los sistemas correspondientes.
Esta desconexión genera vacíos de información que dificultan conocer la verdadera capacidad de procesamiento del sector y establecer mecanismos efectivos de seguimiento.
La situación adquiere especial importancia porque las plantas constituyen un eslabón estratégico entre la extracción y la comercialización. Sin información integrada sobre estas instalaciones, resulta más complejo contrastar el origen del mineral, los volúmenes procesados y las operaciones declaradas.
Alzamora cuestionó que las instituciones públicas no hayan logrado resolver esta deficiencia durante décadas y reclamó mecanismos permanentes de intercambio de datos.
También advirtió que las demoras administrativas afectan directamente a los productores. Mencionó expedientes relacionados con autorizaciones para utilizar explosivos que pueden permanecer pendientes durante varios meses e incluso un año.
Estas dificultades, sostuvo, pueden empujar a determinados operadores hacia mecanismos informales de abastecimiento, comprometiendo la trazabilidad que las propias autoridades buscan fortalecer.
GEOLOGÍA Y TECNOLOGÍA PARA ORDENAR EL SECTOR
Frente a estas deficiencias, Alzamora propuso cuatro medidas para aprovechar la información geocientífica del INGEMMET y fortalecer la formalización.
La primera consiste en ampliar el acceso a GeoMAPE, plataforma que permite consultar información geológica, ocurrencias minerales, características territoriales y peligros geológicos.
La segunda plantea identificar zonas con potencial minero mediante cartografía especializada, considerando restricciones legales y ambientales.
Como tercera medida, propuso implementar una ventanilla geocientífica especializada para pequeños productores, facilitando consultas técnicas y reduciendo duplicidades administrativas.
Finalmente, recomendó desarrollar un programa nacional de asistencia geológica que lleve especialistas directamente a las operaciones mineras.
El expresidente del INGEMMET destacó también la liberación de 37 áreas de no admisión de petitorios, equivalentes aproximadamente a 326.900 hectáreas, para generar nuevas oportunidades de exploración e inversión.
Según las cifras presentadas, alrededor del 12,8% del territorio nacional corresponde a concesiones tituladas, mientras que solamente el 1,5% registra actividad minera efectiva.
Para Alzamora, estas diferencias evidencian la necesidad de transformar el conocimiento geológico en oportunidades productivas.
Su planteamiento apunta a una prioridad: integrar los registros públicos, identificar las plantas de procesamiento y acompañar técnicamente a los productores. Sin conocer cuántas plantas operan, dónde están y bajo qué condiciones funcionan, la formalización minera seguirá enfrentando importantes limitaciones de control y transparencia