Manuel Gago
Es ingenuo creer que la minería ilegal no estará presente en un probable gobierno de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Esa ingenuidad y desentendimiento desbordado permitió que un puñado de funcionarios públicos tomará durante décadas el control del JNE, ONPE y RENIEC. Fueron y existen posibilidades de deshacernos de ellos. Dependerá de la firmeza de la población.
Está claro que las ganancias de la minería ilegal son mayores al narcotráfico. Esta economía criminal jaquea al Estado de Derecho. Por los resultados de la reciente elección fraudulenta los ilegales ya no necesitan de intermediarios en el Parlamento y Ejecutivo. Un número importante de senadores y diputados fueron elegidos. Tanto como el narcotráfico, la supervivencia de la minería ilegal se sustenta en la extorsión, secuestro, asesinato, invasión de propiedad ajena, trata de personas, violación de derechos humanos, destrucción de ecosistemas, zonas liberadas y numerosos crímenes contra el orden social.
Un reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE) asegura que la expansión de la minería ilegal frena el crecimiento de la producción en 12%. Gran daño para el país. En este contexto de rápido crecimiento, la contribución internacional no es ajena. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) espera plantear al siguiente gobierno ejes primordiales para combatir su avance. Pero la pregunta cae por su propio peso: ¿y si el presidente elegido simpatiza con la minería ilegal?
Por la nefasta minería ilegal, la imagen de la minería moderna y responsable ha sido deformada. Existe la percepción equivocada de que todas las actividades extractivas contaminan, explotan a los trabajadores, no pagan impuestos y consumen el agua destinada a la agricultura. En verdad es todo lo contrario, son fuente de prosperidad por los aportes otorgados al país y a las comunidades alejadas. Por ejemplo, por el proyecto minero La Granja (Cajamarca) –yacimiento minero considerado uno de los más grandes del mundo–, de 22 millones de toneladas métricas de cobre, Perú sería el primer productor de cobre mundial. Los aportes económicos por delante reducirían grandemente la pobreza en Cajamarca, siempre y cuando el elector cajamarquino elija bien a sus autoridades, a aquellas que en lugar de usar los ingresos fiscales en gasto corriente los utilice en excepcionales obras productivas.
La reducción de la pobreza es la meta de las administraciones políticas responsables. Esa reducción se logra mediante la inversión privada. Un alentador reporte del Ministerio de Economía señala la disminución de la pobreza nacional, del 27.6% en 2024 al 25.7% en 2025. Imagínese usted cuánto crecería la economía y cuánto desarrollo social en un Perú sin sobresaltos e inestabilidad política.
Por ejemplo, por el avance de la minería formal la tan buscada inclusión social permitiría una mayor participación de las mujeres en el sector. Se sabe que, en 2024, de un universo de 220,000 empleo mineros, 23,000 empleos corresponden a mujeres.
Sin embargo, 67 proyectos valorizados en US$64,000 millones esperan ser atendidos cuanto antes por las autoridades para mejorar la vida de los peruanos. Esto por la mentalidad obstruccionista en la burocracia estatal. La fiscalización, según esa burocracia, es mejor ejercida imponiendo trabas, cancelando permisos, revisando expedientes repetitivos y más. La agilidad es enemiga de esa burocracia y la parsimonia su aliada, la que debe ser exterminada por un Estado eficaz.
