Formalizar al que quiere cumplir, cerrar el paso al que quiere delinquir y dejar atrás las prórrogas: El Perú no puede seguir postergando una decisión que ya resulta impostergable. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado como una herramienta para conducir a la pequeña minería y minería artesanal hacia la legalidad, terminó desnaturalizándose hasta convertirse, en numerosos casos, en un mecanismo utilizado para prolongar actividades informales e incluso servir de cobertura a la minería ilegal.
La advertencia del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, abre una posibilidad para corregir este rumbo. El titular del Minem, en declaraciones a Gestión, ha planteado que la futura Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) determine qué ocurrirá con quienes mantengan trámites pendientes al cierre de 2026, pero hayan demostrado avances concretos en su proceso de formalización. Esa diferenciación es indispensable.
No todos los inscritos en el Reinfo son iguales. Existe un sector que busca cumplir las exigencias y merece acompañamiento técnico, plazos razonables y una ruta clara para ingresar a la legalidad. Pero también hay quienes han encontrado en este registro una suerte de paraguas para continuar operando sin cumplir las reglas. A estos últimos no se les puede seguir premiando con nuevas prórrogas.
El Congreso saliente tiene una cuota importante de responsabilidad. La sucesión de ampliaciones del Reinfo terminó evidenciando cómo determinados intereses políticos y particulares pudieron imponerse sobre una política pública seria. El resultado ha sido nefasto: debilitamiento de la autoridad del Estado, competencia desleal frente a la minería formal y expansión de una economía que genera graves impactos sociales, ambientales, tributarios y de seguridad.
La nueva Ley MAPE debe marcar un punto de quiebre. No puede ser otra oportunidad para patear el problema hacia adelante. Debe establecer criterios objetivos, verificables y con plazos definitivos. Quien demuestre avances reales debe tener una vía para culminar su formalización; quien no avance debe salir del registro y someterse a las acciones correspondientes.
Pero formalizar tampoco significa simplemente entregar documentos. El Estado debe fortalecer la fiscalización, controlar la comercialización de minerales e insumos, seguir la ruta financiera de estas operaciones y coordinar acciones entre el Minem, gobiernos regionales, Policía y Fuerzas Armadas.
Resolver este problema es también defender la minería formal, que invierte, genera empleo, paga impuestos y opera bajo exigentes estándares ambientales y sociales. El Perú necesita reglas claras para atraer nuevas inversiones y aprovechar responsablemente su enorme potencial minero.
El cascabel está sobre la mesa. Ahora falta quién tenga la decisión y el coraje de colocarlo donde corresponde. Ni Reinfo eterno ni formalización a la medida de la ilegalidad. El país necesita una solución definitiva.