Jorge Farfán Estrada, abogado y exdirector general de Formalización Minera del MINEM, plantea separar los derechos de exploración y explotación y verificar en campo los trabajos comprometidos por los titulares.
Las concesiones mineras podrían tener nuevas condiciones para evitar que grandes extensiones de terreno permanezcan bajo derechos otorgados sin exploración efectiva. Jorge Farfán Estrada propuso revisar el sistema vigente y establecer mecanismos para recuperar áreas sin actividad, dinamizar la búsqueda de yacimientos y facilitar el ingreso de empresas especializadas en exploración.
El abogado explicó que el régimen actual, establecido a partir del Decreto Legislativo 708 de 1991 y la Ley General de Minería de 1992, contempla una concesión que comprende tanto la exploración como la explotación. Frente a ello, planteó evaluar derechos diferenciados para cada etapa, de modo que quien solicite un área para explorar asuma obligaciones concretas y no mantenga terrenos que no trabaja.
Devolver parte del área
Como referencia, Farfán mencionó el caso de Australia, donde —según explicó— el titular debe devolver el 40 % del área solicitada después de cuatro años. Así, las superficies que no se utilizan podrían quedar disponibles para nuevas iniciativas de exploración. A su juicio, este mecanismo merece evaluarse en el Perú, junto con plazos y exigencias que impulsen trabajos efectivos.
También consideró necesario que el Estado compruebe directamente en el terreno si se ejecutan las labores comprometidas. Cuestionó que el cumplimiento pueda sustentarse únicamente en informes de inversión firmados por contadores, sin una verificación técnica que confirme los trabajos de exploración.
Evitar concesiones sin actividad
Otro punto que propuso revisar es la Unidad Económica Administrativa (UEA), que permite agrupar varias concesiones y acreditar determinados niveles de producción de manera conjunta. Según explicó, la producción de una operación puede cubrir las obligaciones del conjunto, aunque otras áreas agrupadas no registren actividad efectiva.
Para Farfán, corregir estas condiciones permitiría un uso más dinámico de las concesiones y facilitaría el ingreso de empresas junior, especializadas en explorar yacimientos y generar nuevos proyectos. La intención, precisó, no sería modificar la Constitución, sino ajustar la Ley General de Minería para vincular los derechos otorgados con compromisos verificables.
El abogado remarcó que la exploración, la explotación y el beneficio requieren permisos acordes con cada etapa. Por ello, sostuvo que separar los derechos y fiscalizar su cumplimiento ayudaría a ordenar el sistema, evitar la retención de áreas sin trabajo y abrir oportunidades para nuevos exploradores.
