Ante el cambio de gobierno y el creciente problema de inseguridad, el Colectivo PAS – País Seguro – instó al Ejecutivo y Congreso a tomar urgentes para combatir la minería ilegal, considerada la principal economía ilícita del país. Según este movimiento, la minería ilegal financia actividades criminales, fomenta la corrupción y causa daños ambientales severos, por lo que exige una respuesta estatal firme y efectiva.
El colectivo cuestiona el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), herramienta destinada a la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, pero que ha facilitado la expansión y la impunidad de la minería ilegal. Reclaman que el REINFO, que vence en diciembre de 2025, debe cerrarse con controles rigurosos, transparencia y apoyo técnico solo a quienes cumplan con la normativa.
Preocupa además la intención de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de extender este registro hasta 2029, lo que perpetuaría la informalidad. Por ello, PAS exige una Ley MAPE que incluya controles ambientales, sociales y laborales estrictos, junto con trazabilidad, supervisión constante y sanciones efectivas.
Además, el colectivo advierte que la minería ilegal está vinculada al narcotráfico, trata de personas, sicariato, lavado de activos, explotación laboral y pérdida fiscal, agravando la inseguridad y la violencia. Por ello, exhortan a todas las instancias del Estado a unirse para erradicar esta actividad ilícita.
“El combate a la violencia implica atacar las economías ilegales que alimentan el crimen organizado”, concluye PAS, enfatizando la urgente necesidad de políticas y acciones contundentes para proteger la estabilidad y el desarrollo del país.