A seis meses de las elecciones generales, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha convertido en un escenario inédito de presión política y económica, donde los intereses partidarios predominan sobre el bien común y la legalidad. Lo que debería ser una medida estricta contra la minería informal e ilegal se transforma en una oportunidad para que congresistas y dirigentes del sector minero no regulado busquen consolidar poder y financiamiento electoral.
Cerca de 50.000 mineros informales quedaron fuera del Reinfo tras la aplicación del Decreto Supremo N.° 012-2025, evidenciando la fragilidad del sistema y la intención del Estado por ordenar el sector. Sin embargo, gremios vinculados a partidos como Renovación Popular, Podemos, Perú Libre y Juntos por el Perú lideran protestas para extender el plazo, buscando mantener privilegios y evitar sanciones.
Recientemente, resulta preocupante ver cómo parlamentarios de Somos Perú y Alianza para el Progreso apoyan estas demandas, proponiendo una extensión incluso mayor a la oficial. Esta postura contradice los anuncios anteriores que establecían que el plazo vencería el 31 de diciembre. Las mesas de trabajo organizadas por la Comisión de Energía se han convertido en espacios para dilatar decisiones legales y ceder ante presiones, reflejando el populismo barato y la acción de personajes oportunistas que solo buscan réditos políticos.
El poder económico de la minería ilegal, que supera los US$ 12.000 millones anuales según estudios, ha penetrado la política y amenaza con financiar campañas de candidatos al Congreso a costa del daño ambiental y social. En el actual parlamento se identifican claramente quienes actúan como “embajadores” de la ilegalidad, dilatando soluciones y buscando respaldo económico para mantenerse en el poder, incluso en gobiernos locales y regionales.
La escasa adhesión al acuerdo de la SNMPE para rechazar fondos ilegales revela la poca voluntad política de varios partidos para cerrar las puertas a financiamientos ilícitos. Fuerzas políticas con vínculos directos al sector minero informal, como Renovación Popular y APP, optan por el silencio, evidenciando falta de compromiso con la transparencia.
La ampliación del Reinfo es una batalla de principios que definirá si el país perpetúa la ilegalidad o avanza hacia un desarrollo responsable. Está en manos del Congreso demostrar su compromiso con la legalidad y el interés nacional, no con los grupos que usan la minería ilegal como moneda política. La ciudadanía exige una respuesta firme: no más complacencias con negocios oscuros que erosionan la institucionalidad y el futuro del Perú.