Con un valor de US$ 12 mil millones en 2025, casi iguala al legal
El Perú se ha convertido en el principal epicentro global de exportaciones ilegales de oro, concentrando el 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica, según Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE). En 2025, estas exportaciones ilegales alcanzarían los 12 mil millones de dólares, casi igualando el valor del oro legal, demostrando que esta actividad ha dejado de ser marginal para convertirse en una industria criminal organizada.
Fuentes destacó el acelerado crecimiento de empresas en la cadena comercial del oro: las procesadoras se triplicaron en la última década, alcanzando 13,876, y las exportadoras se incrementaron una vez veces, llegando a 1,253. En contraste, las empresas productoras solo crecieron un 18% en el mismo período y han disminuido desde 2020.
El seminario virtual “Minería ilegal: Una mirada internacional a la crisis”, organizado por el IPE, contó con la participación de expertos internacionales que coincidieron en que la minería ilegal en Perú se ha industrializado y extendido a nuevas regiones, igualando este año en valor las exportaciones formales.
Este fenómeno se ha visto facilitado por un proceso fallido de formalización a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que en muchos casos sirve de escudo para la ilegalidad y opera incluso en áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas.
Julia Yansura, de FACT Coalition, explicó que el oro ilegal peruano se exporta con nuevas modalidades que evaden controles, como oro concentrado, polvo o reciclado, y destacó vacíos regulatorios en países de destino, como Estados Unidos, que facilitan el ingreso de metal ilícito sin control, complicando la trazabilidad global.
Lucía Dammert, de la Universidad de Santiago de Chile, advirtió sobre el impacto multidimensional de esta industria paralela, que incluye violencia, deforestación, trata de personas y creciente captura política, con redes que financian campañas y compiten por autoridad territorial y poder.
Los especialistas coincidieron en la necesidad de una respuesta integral del Estado peruano, incluyendo el cierre definitivo del Reinfo, controles estrictos a comercializadoras y exportadoras, fortalecimiento de la inteligencia financiera y cooperación internacional para combatir estas redes criminales y proteger el futuro económico, social y ambiental del Perú.

