Contraloría advierte que no se logró asegurar el cierre de mina en Carumas
Entre la árida belleza de Carumas y el cauce serpenteante de los ríos Titire y Coralaque, se esconde una tragedia ambiental que, a pesar de las alarmas, parece no tener fin. La Contraloría General de la República ha lanzado una advertencia contundente: Las intervenciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no han logrado asegurar el cierre de la unidad minera ubicada en el distrito de Carumas, ocasionando la persistencia de una grave afectación ambiental en la región.
IGNORADO DESDE 2020
La historia de esta debacle no es nueva. Desde 2020, los ecosistemas de los ríos Titire y Coralaque viven bajo amenaza constante. La unidad minera en cuestión, dedicada a la extracción de oro a tajo abierto desde 2005 y actualmente en etapa de «postcierre» (un eufemismo que esconde un incumplimiento), arrastra un historial de desidia. Ya en 2019, la Dirección General de Minería había declarado el incumplimiento de su plan de cierre. Sin embargo, a pesar de las 112 acciones de supervisión y 52 de fiscalización ejecutadas por OEFA entre 2020 y 2025, el daño persiste.
El Informe de Visita de Control N° 044-2025-OCI/5684-SVC es un relato crudo de la realidad. Durante un operativo multisectorial en noviembre pasado, se constató visualmente una “coloración amarilla intensa” en el río Titire y su confluencia con el río Aruntaya. Las muestras de laboratorio de marzo de 2025 no hicieron sino confirmar lo peor: acidez extrema (con un pH por debajo de los estándares) y concentraciones alarmantes de metales pesados como arsénico, aluminio, cadmio y hierro, que superan con creces los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Un escenario crítico que, lejos de revertirse, se afianza año tras año.
LA LENTA JUSTICIA DE OEFA
La ineficacia de OEFA no solo se limita a la supervisión. El Informe de Orientación de Oficio n.° 037-2025-OCI/5684-SOO pone al descubierto una alarmante falta de celeridad en su capacidad sancionadora. En febrero de 2025, se detectaron descargas de agua ácida (pH 2.18) provenientes de depósitos de desmonte hacia la quebrada Margaritani. OEFA ordenó el tratamiento inmediato, pero la empresa, con una impunidad desafiante, incumplió la medida.
Aunque en mayo se impuso una multa de 100 UIT (S/ 535,000), la contaminación no cesó. La Contraloría ha revelado que, tras la notificación de reincidencia en septiembre, pasaron 52 días sin que la autoridad tramitara una nueva multa coercitiva. Este letargo administrativo se tradujo directamente en la imposibilidad de frenar el daño ambiental que seguía fluyendo. Solo después de que el informe de control fuera comunicado a la entidad, el 17 de noviembre de 2025, OEFA aplicó una nueva multa de 100 UIT a la empresa responsable, una decisión tardía que llega cuando el daño ya está hecho.
EL AIRE TAMBIÉN GRITA
Pero el problema no solo es el agua. El Informe de Visita de Control N° 041-2025-OCI/5684-SVC desvela graves deficiencias en la vigilancia de la calidad del aire. En la provincia de Ilo, dos estaciones de monitoreo dejaron de registrar niveles de gases tóxicos por más de un mes, dejando a ciegas la supervisión en zonas de alta influencia minera y pesquera.
La situación se agrava en Alto Tala (Torata), donde el portal oficial de OEFA no publicó datos meteorológicos por más de dos meses. Y como si fuera poco, la Contraloría encontró una gestión ineficiente de recursos: equipos de alta tecnología –como muestreadores de partículas y analizadores de mercurio– fueron hallados apagados, embalados (sin uso) o simplemente no localizados en sus estaciones. A esto se suma la alarmante falta de protección para estos equipos ante fenómenos como tormentas eléctricas.
Los tres informes, que pintan un panorama preocupante de la gestión ambiental, han sido notificados al presidente del Consejo Directivo del OEFA, instándolo a tomar acciones correctivas inmediatas. Mientras tanto, los ríos siguen fluyendo con su mortífera coloración amarilla, y la pregunta persiste.