El Director
La gestión pública en el Perú se ha convertido en un escenario de rituales vacíos. Nuestra sociedad asiste, entre la resignación y la indignación, a la puesta en escena de autoridades «vivazas» que han institucionalizado la ceremonia de la «primera piedra» como el clímax de su gestión, cuando en realidad debería ser apenas el primer paso de un compromiso técnico serio. Sin embargo, tras el ruido de las portátiles y el confeti, se esconde una realidad técnica putrefacta: la dictadura de la improvisación.
El problema central es el expediente técnico de ficción. Elaborados por equipos profesionales cuya mayor «capacidad» es la lealtad política y no la solvencia técnica, estos documentos son certificados de defunción anticipada para las obras públicas. Un expediente mal hecho no es un error administrativo menor; es un acto de negligencia que duplica o triplica presupuestos iniciales y, en el peor de los casos, condena a la infraestructura al abandono. Lo más grave es que este círculo vicioso no tiene responsables. Quien diseña un hospital, como el de Camaná y otros que por fin parece serán concluidos con presupuesto ampliado, o una carretera con deficiencias que cuestan millones al Estado, simplemente desaparece o es recontratado en otra entidad, sin penalidades concretas que castiguen su carencia de criterio.
Las cifras presentadas recientemente por la Agenda para el Desarrollo de Arequipa y ComexPerú son una radiografía del fracaso regional. Mientras 19 regiones del país muestran señales de recuperación y destrabe, Arequipa se ha consolidado como el epicentro de la ineficiencia estatal, pese a recibir ingentes recursos provenientes del canon minero. Liderar el ranking nacional de inversiones paralizadas con la alarmante cifra de S/ 7,579 millones estancados en 126 «obras muertas» no es un accidente, es el resultado de una gestión subnacional debilitada que ha preferido el gasto corriente y la popularidad efímera sobre la rigurosidad técnica.
Arequipa concentra casi el 18% de todo el dinero «congelado» del país, superando incluso a Lima y La Libertad. Detrás de ese dinero hay hospitales en escombros, redes de agua inexistentes y carreteras que se cortan en la nada. La Contraloría es clara: el 10% de estas parálisis nace directamente de deficiencias en los expedientes técnicos.
Es momento de parar la «vivaza» política. No podemos seguir permitiendo que miles de millones de soles se oxiden al sol por la incapacidad de autoridades que ven el presupuesto como un botín y no como una herramienta de servicio. Si no se establecen sanciones civiles y penales drásticas contra los proyectistas y funcionarios que aprueban expedientes deficientes, Arequipa seguirá siendo el gigante con pies de barro, rico en recursos, pero empobrecido por la desidia de quienes la dirigen. ¿Algo tendrán que ver los colegios profesionales de estos técnicos?