El Perú padece un mal endémico que trasciende gobiernos y colores políticos: la captura de las instituciones claves a manos de la improvisación y el «tarjetazo». Esta práctica, que ha normalizado el asalto a puestos estratégicos en municipios y regiones, ha encontrado hoy un escenario de alarmante irresponsabilidad en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En las últimas semanas de una gestión que debería enfocarse en un cierre ordenado, el sector parece haber entrado en una fase de desmantelamiento técnico que solo beneficia a la ilegalidad.
La salida de Wilfredo Portilla de la Dirección General de Formalización Minera no es un simple trámite administrativo; es el reconocimiento tácito del fracaso del REINFO e improvisación en su designación criticada desde un inicio. Lo que nació como un puente hacia la legalidad ha terminado siendo un «escudo legal» que permite a las economías ilícitas mimetizarse con el esfuerzo del minero artesanal. Sin embargo, el problema no es solo quién se va, sino quién llega y bajo qué sombras se producen los relevos.
La designación de Paolo Joel Andrés Alzamora en el INGEMMET es la gota que derrama el vaso de la desconfianza. ¿Cómo se explica que la entidad encargada del catastro minero nacional sea entregada a un perfil vinculado, según denuncias especializadas, a sectores de la minería informal? Esta «triangulación» de favores, advertida por el Observatorio de Minería Ilegal y que ha encendido las alarmas de la SNMPE, representa una amenaza directa a la seguridad jurídica del país.
Es una contradicción flagrante que, mientras el Estado endurece penas contra el crimen organizado, desde el Minem se le abran las puertas de las instituciones a quienes deberían ser fiscalizados. No se puede hablar de lucha contra la minería ilegal si el guardián de la información geológica carece de la independencia necesaria.
El Ejecutivo no puede ser un espectador pasivo de su propia degradación. La meritocracia no es un lujo, es la columna vertebral de la paz social. Designar funcionarios sin rigor técnico en áreas tan sensibles es, en la práctica, entregar el territorio a las mafias. Corregir el rumbo hoy es una obligación moral; de lo contrario, la historia recordará a esta gestión no por sus obras, sino por haber permitido que la ilegalidad devorara los cimientos del Estado peruano.