Base legal existe sin ejecución
Por Manuel Gago
Generar una imagen o adecuar al siguiente texto: Los bloqueos de carreteras, manifestaciones violentas y contaminaciones por derrame de petróleo causados le cuestan caro al país. A las autodenominadas dirigencias no les importa el daño ocasionado, son parte de estrategias políticas y económicas contrarias a los intereses nacionales. Presionan a la población para manifestarse violentamente.
Un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) le dio la razón a la minera canadiense Lupaka Gold Corp. El Estado tendrá que pagar US$65 millones. La canadiense acudió al juzgado comercial alegando inacción del gobierno y pérdida del proyecto. En octubre del 2018 denunció bloqueo de la carretera que conducía a la mina Invicta ubicada en Parán (Huara, Lima) y asalto del campamento e instalaciones. La minera alega haber perdido 3,000 metros de socavones, 29 kilómetros de carretera y exploraciones geológicas y mineras. Invicta Mining Corp., filial de Lupaka, y los comuneros de Lacsanga, quienes tenían acuerdos con la minera, denunciaron los ataques a la Policía, fiscalía y demás autoridades correspondientes. No hubo respuesta efectiva, tan solo una inútil mesa de diálogo para mediatizar el conflicto. Y así, el Estado de Derecho quedó pulverizado.
El laudo favorable obtenido por Lupaka recuerda la dimensión real de los conflictos inventados contra el aprovechamiento de los recursos naturales y el avance de la industria nacional. En política no hay coincidencias. Nada es espontáneo. Todo se mueve por fuerzas conocidas o desconocidas. El ideal de los comunistas es implantar la “patria socialista”: Un Estado totalitario con una población dependiente del Estado. En este caso -de recursos naturales e industriales- inventan daños ambientales y desacuerdos sociales. En los últimos 26 años los gobiernos fueron permisibles con las manifestaciones contrarias al desarrollo nacional.
Somos un país minero. El presupuesto nacional se sostiene principalmente por los minerales y la agroindustria exportadora. Una nueva clase media rural surgió en lugares alejados. Miles de familias que nunca fueron universitarios hoy envían a sus hijos a estudiar una profesión de nivel superior. Y la izquierda pierde espacios. Según ella, la manera de recuperar esas mayorías es atacando las fuentes de riqueza. Su plan es también atacar a las Fuerzas Armadas y Policiales; desacreditarlas y debilitarlas para ser rechazadas por la población. Hace de las fuerzas del orden inoperativas frente al accionar violento. Alegando “criminalización de la protesta social” la izquierda se victimiza. Así de simple.
El país debe saber que el Decreto Legislativo N° 1095 regula la intervención de las Fuerzas Armadas frente a inminentes amenazas contra los “activos críticos y actividades estratégicas”. El reglamento, enmarcado en políticas de seguridad y defensa nacional y de la Constitución, permite el uso de la fuerza con el fin de proteger la infraestructura, los caminos y el normal desarrollo de las economías calificadas de estratégicas: hidrocarburos, minería, plantas y redes eléctricas y ciberespacio.
Las actividades petroleras en la selva amazónica están constantemente amenazadas por dirigencias supuestamente ambientalistas. Petroperú, encargado del Oleoducto Norperuano, ha señalado que un 60% de los derrames de petróleo son actos provocados que ocasionan pérdidas anuales de hasta US$100 millones. Las comunidades impiden el ingreso de los técnicos a los derrames y exigen hacer las remediaciones. A más contaminación mayor es la indemnización por recibir.
Contra el devastador avance de la minería ilegal el siguiente gobierno tendrá que acudir al DL mencionado para proteger el país. Solo Rafael López Aliaga se pronunció al respecto. Callados los demás candidatos. (Imagen IA)