Aunque el presupuesto crece, sigue siendo insuficiente frente al poder económico del delito
El avance de la minería ilegal en el Perú ha llevado al Estado a intensificar su respuesta operativa, duplicando el número de interdicciones mensuales en apenas dos años. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente para contener una actividad ilícita que continúa expandiéndose impulsada por el alto precio internacional del oro y la limitada capacidad presupuestal para enfrentarla.
Durante el XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (PROEXPLO 2026), el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), general (r) Rodolfo García, informó que las intervenciones pasaron de un promedio de 62 operativos mensuales en 2024 a más de 130 en 2026. En total, se han ejecutado más de 2,300 interdicciones en este periodo, con decomisos que superan los S/ 7,000 millones, reflejando la magnitud del fenómeno.
CIFRAS DESIGUALES
A pesar de estos resultados, la minería ilegal se ha consolidado como una de las principales economías ilícitas del país, movilizando más de US$ 12,000 millones, lo que la posiciona incluso por encima del narcotráfico en términos de volumen económico.
No obstante, el presupuesto destinado a combatirla sigue siendo significativamente menor. En 2025 se asignaron apenas S/ 70 millones, frente a los S/ 700 millones destinados a la lucha contra las drogas. Para 2026, el monto aumentó a S/ 178 millones, aunque la brecha persiste.
El impacto ambiental es otro de los aspectos más críticos. Se estima que más de 140 mil hectáreas de bosques han sido devastadas y al menos 225 cuerpos de agua han sido contaminados con mercurio, especialmente en regiones amazónicas como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco. Esta situación afecta gravemente la biodiversidad y la salud de miles de personas, particularmente de comunidades indígenas que dependen directamente de los recursos naturales.
El incremento del precio del oro, que ha superado los cinco mil dólares por onza, continúa siendo un factor determinante en la expansión de esta actividad ilícita. En este contexto, especialistas advierten que, sin una estrategia integral que combine mayor financiamiento, inteligencia operativa y desarrollo alternativo, la minería ilegal seguirá superando la capacidad de respuesta del Estado, profundizando sus efectos económicos, sociales y ambientales en el país.
