Una minera canadiense con sede en Vancouver acaba de elevar su apuesta arbitral contra el Estado mexicano a 2,700 millones de dólares ante el CIADI — el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. El reclamo gira en torno a la cancelación de concesiones en un proyecto de oro y plata.
El monto, que supera con creces cualquier cifra previa en este caso, convierte este arbitraje en uno de los más costosos que México enfrenta hoy en materia minera.
CANCELACIÓN QUE DESATÓ LA DEMANDA
El detonante es la Reforma Minera de 2023, firmada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa reforma redujo los plazos de concesión, reforzó los requisitos de consulta indígena bajo el esquema de Consentimiento Libre, Previo e Informado, y otorgó al Servicio
Geológico Mexicano un rol prioritario en exploración de nuevas zonas.
La consecuencia inmediata fue la cancelación o suspensión de concesiones existentes que no cumplían con los nuevos criterios. Para la empresa canadiense, esa cancelación no fue un ajuste regulatorio. Fue una expropiación de facto.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá — el T-MEC, sucesor del TLCAN — contempla mecanismos de protección a inversionistas que permiten exactamente este tipo de reclamación ante el CIADI. México firmó ese compromiso. Ahora lo enfrenta en Washington.
