La reciente distribución del canon minero vuelve a poner sobre la mesa una realidad difícil de refutar: la minería formal continúa siendo uno de los principales motores del desarrollo económico y fiscal del Perú. La tesis es clara: el problema ya no es la falta de recursos para muchas regiones, sino la capacidad de administrarlos con eficiencia, transparencia y visión de futuro.
Las cifras hablan por sí solas. Arequipa recibirá este año S/ 1,172 millones por concepto de canon minero, un incremento de 13,2% respecto a 2025. Tacna también registra un aumento cercano al 10%, al igual que otras regiones con actividad minera. Estos recursos representan una oportunidad extraordinaria para financiar infraestructura, educación, salud, investigación científica y proyectos que eleven la competitividad regional. Sin embargo, la experiencia demuestra que disponer de mayores ingresos no garantiza automáticamente mejores niveles de desarrollo.
El contexto nacional exige una reflexión más profunda. Mientras el Perú compite por atraer inversiones en cobre y otros minerales estratégicos para la transición energética mundial, diversos proyectos continúan enfrentando conflictos sociales, bloqueos e incertidumbre política. Resulta legítimo cuestionar una inversión cuando existen fundamentos técnicos, ambientales o sociales sólidos; lo preocupante es que muchas veces las paralizaciones responden a intereses políticos o particulares que terminan perjudicando a las propias poblaciones que dejan de percibir empleo, oportunidades y mayores ingresos fiscales.
La experiencia internacional ofrece una lección importante. Países como Australia, Canadá y Chile han logrado consolidar industrias mineras competitivas gracias a reglas claras, seguridad jurídica e instituciones capaces de transformar la riqueza minera en infraestructura, innovación y bienestar. El Perú posee un potencial geológico comparable, pero necesita fortalecer la calidad de su gestión pública para convertir esa riqueza en desarrollo sostenible.
No obstante, también existen riesgos que no pueden ignorarse. La corrupción, la improvisación y la baja capacidad de ejecución de numerosos gobiernos regionales y municipales continúan siendo los principales enemigos del canon minero. Son frecuentes las obras inconclusas, proyectos sin impacto y recursos que terminan desviados hacia actos ilícitos. Frente a ello, la vigilancia ciudadana, el fortalecimiento de los organismos de control y sanciones ejemplares contra quienes malversan fondos públicos resultan indispensables.
Existe, además, una oportunidad adicional que el país no puede desaprovechar: avanzar decididamente en la formalización minera y combatir la minería ilegal. Esta última no solo destruye el ambiente y financia economías criminales, sino que también priva al Estado de miles de millones de soles en impuestos, regalías y canon que podrían traducirse en más desarrollo para las regiones.
El canon minero demuestra que la minería formal sí genera progreso. El reto ahora no es reclamar más recursos, sino administrarlos con honestidad, eficiencia y planificación. De cara a un nuevo proceso electoral, los ciudadanos tienen la responsabilidad de elegir autoridades capaces de convertir esta riqueza en obras de calidad, desarrollo humano e instituciones más sólidas. Solo así la minería cumplirá plenamente su papel como una verdadera palanca para el futuro del Perú.