- El aporte corresponde al periodo 2004-2024 y equivale al 57.4% del presupuesto subnacional de Moquegua y Tacna.
Un estudio del IPE también cuantifica pérdidas por conflictos sociales y retrasos de proyectos mineros
TODO MINERÍA
La minería se consolidó como uno de los principales motores económicos del sur peruano y, dentro de esa transformación, Southern Perú transfirió S/49,440 millones al Estado entre 2004 y 2024, según un estudio elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El monto equivale al 57.4% del presupuesto acumulado de los gobiernos subnacionales de Moquegua y Tacna durante esas dos décadas. El análisis también advierte que los conflictos y retrasos de proyectos han generado costos significativos para la economía regional y nacional.
El estudio “El aporte de Southern Perú Copper Corporation en el desarrollo social y económico de Moquegua y Tacna”, encargado por la compañía, fue presentado en un webinar con participación de Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Carlos Gallardo, gerente general del IPE; y Stephani Maita, economista senior del instituto.
EL COBRE CAMBIÓ EL PESO ECONÓMICO DEL SUR
El aporte minero se inserta en una transformación de mayor escala. En las últimas dos décadas, la producción de cobre del sur se triplicó y llegó a representar alrededor del 64% del total nacional. En paralelo, la economía de la macrorregión se multiplicó por diez durante los últimos 70 años.
Moquegua y Arequipa incluso crecieron por encima del promedio anual del sur, con tasas de 4.5% y 3.8%, respectivamente, frente al 3.4% macrorregional.
En Moquegua, la minería pasó de representar menos de 1% del Valor Agregado Bruto (VAB) regional antes de la entrada en operación de Cuajone, en 1976, a 24% en 2019. Tras el inicio de operaciones de Quellaveco en 2024, su participación alcanzó 42.8%.
En Tacna, la ampliación de Toquepala elevó la participación minera hasta 35.3% del VAB regional en 2019.
El efecto también aparece en el ingreso generado por habitante. Moquegua registra un VAB per cápita de S/111,500, 3.8 veces el promedio nacional, mientras Tacna alcanza S/38,000, 29% por encima de la media peruana.
MÁS EMPLEO, PERO TAMBIÉN UN COSTO POR LAS DEMORAS
La actividad minera no solo moviliza producción y tributos. En 2024, Southern Perú registró 4,818 trabajadores directos y 5,651 contratistas. Al considerar el efecto multiplicador calculado por el IPE, la operación habría generado alrededor de 15,300 empleos adicionales en Moquegua y 14,800 en Tacna.
El estudio también calcula que, si se mantiene el ritmo de transferencias de los últimos cinco años, la empresa aportaría otros S/18,000 millones al Estado durante la próxima década.
Pero el informe introduce una segunda lectura: los proyectos que no avanzan también tienen un costo económico.
Tía María, en Arequipa; Los Chancas, en Apurímac; y Michiquillay, en Cajamarca, representan una inversión conjunta de US$6,900 millones. Sus retrasos se remontan a 2011, 2013 y 2016, respectivamente.
Según el IPE, entre 2009 y 2024 las demoras habrían significado S/222,843 millones menos de valor agregado, S/50,782 millones de menor recaudación fiscal y más de 50,000 empleos directos e indirectos que no llegaron a generarse.
Otro episodio fue la paralización de Cuajone entre febrero y abril de 2022. El estudio estima que el conflicto ocasionó una pérdida de US$239 millones para la economía de Moquegua y que, sin esa interrupción, el crecimiento regional habría podido alcanzar 19.5%, frente al 12.4% registrado.
Milton Von Hesse advirtió que la generación de rentas mineras no garantiza por sí sola mejoras sociales. El desafío está en que municipios y gobiernos regionales conviertan esos recursos en infraestructura y servicios.
El IPE plantea fortalecer la previsibilidad regulatoria, prevenir conflictos y combatir la minería ilegal. Para las empresas, recomienda ampliar los encadenamientos productivos locales y priorizar inversiones en agua, saneamiento y educación.
La experiencia de Moquegua y Tacna deja así una conclusión central: el verdadero impacto de la minería no se mide únicamente por toneladas de cobre o tributos, sino por la capacidad de convertir esa renta en desarrollo regional sostenible y visible para la población.