- La propuesta busca llevar una parte de los recursos directamente a comunidades cercanas a las minas.
- El Minem también plantea reforzar la capacidad de municipios para ejecutar inversiones.
TODO MINERÍA
El Gobierno evalúa modificar la distribución del canon minero para que una parte de los recursos generados por las operaciones extractivas llegue de manera directa a las comunidades ubicadas en sus zonas de influencia. La propuesta fue anunciada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien planteó combinar una nueva asignación territorial con mayores capacidades de los gobiernos locales para convertir esos fondos en infraestructura y servicios básicos.
El anuncio apunta a un problema que trasciende la recaudación: la distancia entre los ingresos que genera la minería y las mejoras que perciben las poblaciones próximas a las operaciones. Bajo el esquema planteado, una proporción del canon tendría como destino obligatorio los territorios más cercanos a las unidades mineras.
DEL CANON REGIONAL A LAS ZONAS DE INFLUENCIA
El canon minero se origina en una parte del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras y se distribuye entre gobiernos subnacionales para financiar inversiones públicas. El problema, según el diagnóstico expuesto por Shinno, es que esos recursos pueden terminar concentrándose en capitales provinciales o distritales, mientras comunidades próximas a los proyectos continúan enfrentando déficits de infraestructura.
La reforma buscaría modificar esa lógica y establecer una asignación más vinculada al territorio donde se desarrolla la actividad extractiva.
La prioridad estaría en infraestructura básica, un concepto que comprende obras y servicios esenciales como agua, saneamiento, caminos, electrificación, educación o salud. La intención es que la población pueda identificar con mayor claridad la relación entre los ingresos generados por la minería y las inversiones realizadas en su entorno.
Sin embargo, redireccionar el dinero no resolvería por sí solo el problema. El propio ministro reconoció que los gobiernos locales y provinciales necesitan mejorar sus capacidades para formular, priorizar y ejecutar proyectos.
Ese componente es crucial: disponer de recursos no garantiza una obra terminada. Una municipalidad con escaso personal técnico puede acumular presupuesto sin convertirlo oportunamente en infraestructura útil, generando una brecha adicional entre la transferencia del canon y su impacto sobre la población.
PREVENCIÓN PARA EVITAR NUEVOS CONFLICTOS
La propuesta también incorpora una dimensión de gestión social minera. El planteamiento del Minem es que el Estado intervenga en los territorios antes de que aparezcan conflictos, en lugar de concentrar sus esfuerzos cuando las tensiones ya se han convertido en protestas o bloqueos.
El enfoque supone identificar anticipadamente las necesidades de las comunidades, definir prioridades de inversión y coordinar acciones entre autoridades, empresas y población.
Para la industria minera, este cambio podría tener una importancia estratégica. Los conflictos sociales pueden retrasar proyectos, afectar operaciones y elevar los costos de inversión, mientras que una mayor presencia estatal y una distribución territorialmente visible de los recursos podría contribuir a reducir esas tensiones.
El desafío estará en diseñar un mecanismo que sea transparente, medible y capaz de evitar nuevas disputas por la distribución de los fondos. También será necesario definir qué comunidades serán consideradas dentro de las zonas de influencia y bajo qué criterios se establecerán los montos.
La propuesta de Shinno abre así un debate de mayor alcance sobre la gobernanza minera en el Perú. El objetivo no es únicamente cambiar quién recibe el canon, sino modificar la ruta que sigue el dinero desde las operaciones extractivas hasta las obras públicas.
Si la reforma avanza, el siguiente paso será demostrar que una asignación más cercana al territorio puede traducirse en mejores servicios, mayor capacidad de ejecución y menos conflictos. La verdadera prueba del nuevo esquema no estará en cuánto canon se transfiera, sino en cuánto desarrollo tangible llegue a las comunidades que conviven diariamente con la minería.